Sin sorpresas. En el clásico informe anual que elabora el USTR, Chile junto a China, Rusia, Argelia, Argentina, Canadá, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela, integran el listado de países que, en su opinión, no respetarían adecuadamente los intereses de las industrias norteamericanas titulares de derechos de propiedad intelectual.

Si bien en este informe Estados Unidos reconoce una serie de importantes avances que Chile ha realizado en la materia, estas medidas parecen ser insuficientes para cambiar de categoría a nuestro país, demostrando una vez más la parcialidad y deslegitimidad del informe comercial.

En materias de derechos de autor, Estados Unidos pretende que Chile:

i) Implemente la protección contra la violación de medidas tecnológicas de protección, cuestión discutible porque varios de estos ilícitos se encuentran ya penalizados en la Ley Nº19.223 sobre Delitos Informáticos;

ii) Establezca recursos y procedimientos administrativos y judiciales disuasorias a disposición de los titulares de derechos, ignorando las medidas que Chile ya adoptó en la Ley Nº20.435 sobre propiedad intelectual.

iii) Modifique el sistema de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet para permitir una acción eficaz contra cualquier acción infractora de los derechos de autor y derechos conexos.

Sin decirlo expresamente, esperan que Chile adopte un sistema de notificación y bajada de contenidos supuestamente infractores de Internet, sin intervención judicial, medida que fue rechazada en su momento por el Congreso Nacional, por considerar que se podían afectar gravemente diversas garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión o de información o el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet.

Esta decisión se tomó en momentos en que buena parte de los legisladores en el mundo han sido peligrosamente capturadas por los lobbies internacionales del derecho de autor, lo que ha redundado en afectaciones de diversos derechos y libertades de usuarios y consumidores, como sucedió no hace mucho en Francia con la Ley Hadopi y en España con la Ley Sinde.

Ilustración de Casey Bowman publicada en Flickr bajo licencia BY-NC de Creative Commons.