En estos días se cumplen 300 años desde que se aprobó la primera ley de copyright en el mundo: el Estatuto de la Reina Ana en el Reino Unido. Chile, en los próximos días, promulgará la más importante reforma a la ley de propiedad intelectual de los últimos 40 años, iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet que tuvo, entre sus múltiples objetivos, actualizar la anacrónica ley vigente y subsanar una deficiencia histórica: contar con una legislación equilibrada

Porque hoy, cuando hablamos de derechos de autor, no estamos hablando únicamente de los derechos de aquellos hombres y mujeres que son capaces de crear una obra artística, cultural o científica; también estamos hablando de quienes gozan esas creaciones y, por cierto, de aquellos que simplemente no pueden acceder.

La reforma fue diseñada pensando precisamente en esa diversidad de actores y necesidades. Fue larga e intensamente discutida, dentro y fuera de los salones del Congreso Nacional. Contó con apoyos y críticas transversales y dio origen a una serie de movimientos ciudadanos que manifestaron su posición durante la discusión legislativa. Así, un asunto que solía interesar sólo a algunos autores e industrias culturales, se convirtió en una preocupación de usuarios y consumidores de obras intelectuales, cuyas voces se hicieron oír a través de diversos grupos de Facebook y en Twitter, generando una discusión más compleja pero también mucho más diversa.

Resultado de ese, a veces, áspero debate, el Congreso Nacional despachó una mejor legislación que, junto con elevar los estándares de protección de los derechos de autores, creadores e industrias, establece medidas específicas que garantizarán el acceso legal de la ciudadanía a esas creaciones. Estas medidas, tradicionalmente denominadas excepciones al derecho de autor, darán, por ejemplo, reconocimiento legal a la labor de bibliotecas y archivos y permitirán realizar una serie de usos de obras protegidas con propósitos de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, lo que constituye uno de los avances más significativos de esta reforma. (Huelga decir que estas prácticas hoy y por pocos días más son constitutivas de delito).

Ad portas de este pequeño cambio cultural, estamos en condiciones de asumir nuevos desafíos y lanzarnos desde ya a profundizar este debate: ¿Más derechos de autor o más derechos de los usuarios?. Por dónde nos vamos. Y no estamos solos en el debate: The Economist está planteado una pregunta similar.

*Columna escrita para El Quinto Poder.

Disclaimer: El autor es uno de los redactores del proyecto de ley, así que tiene muchos intereses involucrados en este post.

El graffiti se dice es de Bansky. La fotografía es una adaptación (suena lindo el vulgar recorte) de la obra original de 917press, publicada en Flickr, bajo licencia Atribución – No Comercial – Compartir Igual de Creative Commons.