Gran revuelo mundial causó el polémico proyecto de ley estadounidense conocido como SOPA que, de haber prosperado, provocaría el fin de la internet que hoy conocemos y disfrutamos.

La amenaza de censura de la red provocó que se movilizaran usuarios, consumidores y grandes empresas de tecnología contra una serie de medidas absurdas y anacrónica propuestas en SOPA, uno más de los desesperados intentos de la gran industria norteamericana del entretenimiento y del software de intentar contener la piratería en internet. Así, fuimos testigos del apagón de Wikipedia y de intensas campañas en sitios como Google, Twitter, Facebook y más de 60.000 sitios de internet alrededor del mundo.

Si bien la discusión puede parecernos lejana, esto no es así. Desde hace más de un año, Chile se encuentra negociando -en secreto- un nuevo tratado de libre comercio impulsado por Estados Unidos para los países del Asia-Pacífico -conocido como TPP-, que reproduce a nivel local algunas de las peores amenazadas de SOPA, entre ellas, la censura de sitios de internet y la eventual desconexión de usuarios de internet ante eventuales infracciones a los derechos de autor.» Además, la propuesta establece la criminalización arbitraria de los usuarios de internet y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor de ciertas obras.

Este nuevo acuerdo de libre comercio, que negocian Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam y Estados Unidos ha sido definido como un TLC de última generación y forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Obama de avanzar en acuerdos regionales ante la imposibilidad de imponer su agenda en organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde países como India, Brasil y Sudáfrica suelen frustar las pretensiones expansionistas norteamericanas.

Chile no gana nada firmando el TPP

Para Chile suscribir el TPP no significa ventaja alguna, al contrario representa mayores riesgos. Habiendo ya firmado más de cincuenta acuerdos de libre comercio, nuestro país no obtendrá acceso a nuevos mercados para la producción agrícola, industrial y comercial nacional, que suele ser la moneda de cambio que se ofrece a economías menores como la nuestra para aceptar la imposición de regulaciones que suelen beneficiar exclusivamente a Estados Unidos y sus industrias más poderosas.

En materias de propiedad intelectual, por ejemplo, el TPP representa una grave amenaza no sólo respecto a internet y los derechos de autor, sino que también constituye un enorme riesgo para la salud pública y el acceso a medicamentos y para la industria nacional de producción de genéricos, por los amplios beneficios que se le conceden a la industria farmacéutica norteamericana, lo que incidirá directamente en el precio y variedad de los medicamentos que se distribuyan en Chile.

Por otra parte, no existe evidencia alguna que demuestre que mayores estándares de protección en materia de propiedad intelectual sean efectivos para promover un medioambiente innovativo mayor y que fortalezca la industria creativa local, por el contrario, las mayores regulaciones suelen beneficiar exclusivamente a los actores dominantes en los mercados del entretenimiento, del software y de las denominadas industrias creativas y culturales, que, como todos saben, son principalmente “made in usa”.

Por último, si bien los negociadores confirmaron extraoficialmente que existe una propuesta de reserva cultural en discusión, no es seguro que todos los países la avalen, teniendo especialmente presente que Estados Unidos fue uno de los principales opositores a la suscripción de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, de la cual tanto Chile como Perú son estados partes y promotores.

Por ello, esperamos que el Gobierno de Chile se comprometa a no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual y transparente de una buena vez el texto que se está negociando, a fin de que todos podamos informarnos y opinar oportunamente.

Actualización:

Súmate a la campaña que hemos organizado en ONG Derechos Digitales y escríbele al Presidente de la República para que no suscriba el TPP.

Fotografía de Martin Rischewski publicada en Flickr bajo licencia Atribución, No comercial, Compartir Igual de Creative Commons.

Sin comentarios

Sin sorpresas. En el clásico informe anual que elabora el USTR, Chile junto a China, Rusia, Argelia, Argentina, Canadá, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela, integran el listado de países que, en su opinión, no respetarían adecuadamente los intereses de las industrias norteamericanas titulares de derechos de propiedad intelectual.

Si bien en este informe Estados Unidos reconoce una serie de importantes avances que Chile ha realizado en la materia, estas medidas parecen ser insuficientes para cambiar de categoría a nuestro país, demostrando una vez más la parcialidad y deslegitimidad del informe comercial.

En materias de derechos de autor, Estados Unidos pretende que Chile:

i) Implemente la protección contra la violación de medidas tecnológicas de protección, cuestión discutible porque varios de estos ilícitos se encuentran ya penalizados en la Ley Nº19.223 sobre Delitos Informáticos;

ii) Establezca recursos y procedimientos administrativos y judiciales disuasorias a disposición de los titulares de derechos, ignorando las medidas que Chile ya adoptó en la Ley Nº20.435 sobre propiedad intelectual.

iii) Modifique el sistema de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet para permitir una acción eficaz contra cualquier acción infractora de los derechos de autor y derechos conexos.

Sin decirlo expresamente, esperan que Chile adopte un sistema de notificación y bajada de contenidos supuestamente infractores de Internet, sin intervención judicial, medida que fue rechazada en su momento por el Congreso Nacional, por considerar que se podían afectar gravemente diversas garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión o de información o el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet.

Esta decisión se tomó en momentos en que buena parte de los legisladores en el mundo han sido peligrosamente capturadas por los lobbies internacionales del derecho de autor, lo que ha redundado en afectaciones de diversos derechos y libertades de usuarios y consumidores, como sucedió no hace mucho en Francia con la Ley Hadopi y en España con la Ley Sinde.

Ilustración de Casey Bowman publicada en Flickr bajo licencia BY-NC de Creative Commons.

Así queda a la vista luego que se filtrara (en) la propuesta sobre propiedad intelectual que el gobierno de Estados Unidos presentó en la negociación del Acuerdo Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP) en que participan Chile, Nueva Zelandia, Brunei, Singapur, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Estados Unidos.

Tal como señala Michael Geist, la propuesta de Estados Unidos pretende imponer todo aquello que no pudo obtener en las negociaciones del ACTA, en materias de patentes, derechos de autor, indicaciones geográficas y medidas de observancia civiles y penales, entre otras.

En materia de derechos de autor, la propuesta de Estados Unidos es la más agresiva de las conocidas hasta ahora, yendo mucho más allá de los por sí elevados estándares promovidos por la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e incluso por sobre su propia regulación interna, como es el caso, por ejemplo, de las medidas propuestas en materia de retiro o bloqueo de contenidos supuestamente infractores de internet, que van más allá incluso de la nefasta DMCA, con el consiguiente riesgo de los derechos fundamentales de usuarios y ciudadanos.

Para Chile, las propuestas resultan mucho más regresivas que las obligaciones que aceptó incorporar en su legislación interna con la firma del TLC Chile – Estados Unidos en el año 2003, lo que obligaría a realizar nuevas reformas legales que, de presentarse, serían de dudosa constitucionalidad.

Por ello, es de esperar que el Gobierno de Chile, junto con abrir las negociaciones a la sociedad civil interesada, rompiendo la mala práctica de llevar a cabo este tipo de procesos de manera secreta, rechace de plano el texto propuesto por Estados Unidos y promueva nuevos estándares internacionales que preserven y profundicen el equilibrio en la regulación de los derechos de autor, considerando los legítimos intereses de creadores, usuarios y consumidores de obras protegidas.

Fotografía de Stephen Downes publicada en Flickr bajo licencia BY-NC de Creative Commons.

En el año 2005, Chile junto a Brunei, Nueva Zelanda y Singapur firmaron el Acuerdo de Asociación Económica P4, que estableció un área de libre comercio entre estos países con una liberación arancelaria promedio cercana al 90%, desde su puesta en vigencia.

A partir del año 2010, se abrieron formalmente las negociaciones para ampliar el P4 y transformarlo en el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP por sus siglas en inglés) mediante la incorporación de Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam y Malasia, habiéndose realizado ya cinco rondas de negociaciones.

La última ronda se realizó esta semana en Chile y queda clarísimo que las normas sobre propiedad intelectual jugarán, una vez más, un rol decisivo.

En la ronda anterior se filtró un documento borrador con la posición relativamente progresista que está promoviendo Nueva Zelanda en la materia y en esta última ronda se han filtrado comentarios sobre el texto que habría propuesto Estados Unidos, el que aparentemente contendría una posición extremadamente restrictiva, similar a la impulsada en las negociaciones del ACTA.

Durante esta última ronda, DIRECON organizó una ronda de presentaciones de representantes de “partes interesadas”, tanto de la sociedad civil como de organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, la que lamentablemente se realizó en paralelo a las negociaciones, lo que impidió a los negociadores asistir a buena parte de ellas. Así, los denominados “stakeholders” tuvimos la ocasión de escucharnos entre nosotros.

Expusieron sobre asuntos de propiedad intelectual Peter Maybarduk de Public Citizen; Matt Zimmerman de Electronic Frontier Foundation; Pedro Less de Google Inc, representantes de IFPI Chile, ESA, Sony Entertainment, Fox y quien escribe, con una exposición titulada “Derecho de autor: en búsqueda del equilibrio“, que puedes libremente descargar aquí.

En paralelo, desde ONG Derechos Digitales lanzamos un comunicado público en el que solicitamos al Gobierno de Chile que no acepte nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual.

Fotografía de Fatty Tuna publicada en Flickr bajo licencia BY-NC-ND de Creative Commons.

Gracias a la tecnología de Google Fusion Tables es posible escudriñar fácilmente entre las más de 251.287 comunicaciones secretas que fueron desclasificadas por Wikileaks ayer domingo.

Comentábamos que en el caso de Chile, existirían más de 1.487 comunicaciones desclasificadas, 31 de las cuales corresponderían a materias de propiedad intelectual.

Ahora, revisando las bases de datos publicadas por The Guardian, es posible identificar que cerca de 2.458 de las 251.287 comunicaciones desclasificadas corresponden a materias de propiedad intelectual en el mundo entero, lo que representa un poco menos del 1% del total de comunicaciones desclasificadas.

La sigla utilizada para identificar este tipo de comunicaciones corresponde a KIPR, según informó Michael Geist en twitter.

Archivo:

Índice sobre comunicaciones desclasificadas que se refieren a Propiedad Intelectual en Wikileaks: xls – google docs

La fotografía que ilustra este artículo es original de DAZ publicada en Flickr y tiene todos sus derechos reservados.