Con más de un año de retraso, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha presentado públicamente las Políticas Culturales 2011-2016, que definen los ejes de la política pública en materia cultural por los próximos cinco años.

¿Novedades? Hartas, ya habrá tiempo para revisarlas con detalles pero quiero detenerme en un aspecto esencial: derechos de autor.

Contrariando las principales tendencias mundiales y desdeñando por completo una mirada de equilibrio (como uno espera de una política que se define como pública y estatal) que considere los derechos no sólo de los autores y las industrias de obras protegidas sino que incluya los derechos e intereses ciudadanos y consumidores, la política cultural en materia de derechos de autor es una vergüenza.

Así, durante los próximos cinco años la acción del Ministro de Cultura en materia de derechos de autor deberá ajustarse a los siguientes parámetros o medidas:

“5. Fortalecer el reconocimiento de los derechos de autor

5.1 Se impulsa el fortalecimiento de la legislación vigente que resguarda los derechos de autor

42. Se promueven estudios sobre la legislación vigente de derechos de autor
43. Se impulsan proyectos e iniciativas legislativas en derechos de autor

5.2 Se fomenta el conocimiento y respeto de los derechos de autor

44. Se promueve la difusión de los derechos de autor
45. Se difunden y capacitan a los servicios públicos y sus funcionarios sobre los derechos de autor
46. Se realizan campañas educativas de capacitación y formación para el respeto de los derechos de autor”

¿Fortalecer? ¿Qué significa eso? Regularmente significa más sanciones contra las utilizaciones no autorizadas, incluyendo prácticas ciudadanas sin fines de lucro. Significa también regular las medidas tecnológicas de protección y puede abrir la puerta al reconocimiento de nuevos derechos exclusivos a los titulares. Medidas todas que pueden poner en riesgo el precario equilibrio que se había alcanzado en la mal llamada Ley de Propiedad Intelectual.

Nada se dice sobre normas de equilibrio. No se mencionan siquiera una vez las palabras “excepciones”, “dominio público”, “acceso abierto”. Tampoco se recoge nada de todo aquello que se discutió en los últimos cinco años a propósito de la dictación de la Ley Nº20.435.

Más bien parece, como en tiempos antiguos, un traje (anacrónico más encima) hecho a la medida de los mismos de siempre. Una involución. Otra pérdida de oportunidad de avanzar en un marco regulatorio moderno en materia de derechos de autor.

Descargar: Políticas Culturales 2011-2016