En votación dividida, el Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional el artículo 4º del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico, que establecía la obligación de crear un registro de usuarios de cibercafés por considerar que dicha medida afectaba indebidamente el derecho a la vida privada y la garantía de igualdad ante la ley de sus usuarios.

La decisión del Tribunal Constitucional es acertada y pone freno, una vez más, a las intromisiones indebidas de las autoridades en la vida privada de las personas.

Tal como hemos señalado en varias cartas al director y en dos presentaciones que hicimos ante el propio TC (a título personal y en nombre de ONG Derechos Digitales), consideramos que estábamos en presencia de un ataque contra el derecho a la vida privada de un segmento de la población -usualmente personas de escasos recursos que no pueden financiar una conexión particular a internet- quienes se verían obligados a renunciar a su privacidad para poder ejercer otras garantías y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, por mencionar algunas.

El registro, además de desproporcionado e ineficiente (nadie dejará sus datos reales si piensa cometer este tipo de delitos), resultaba discriminatorio respecto de aquellas personas que se conectan a internet en su casa, oficina, hoteles o restaurantes, afectando por tanto, el derecho a la igualdad ante la ley del que gozan todas las personas.

Por eso, celebramos la decisión de mayoría del Tribunal Constitucional, que contiene además una serie de interesantes reflexiones sobre la extensión del derecho a la vida privada en Chile, citando incluso al gran jurista Eduardo Novoa Monreal.

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